Un grupo de investigación de la universidad con la que colaboro (UPC) ha desarrollado un método para detectar fugas o emisiones de compuestos volátiles estableciendo su procedencia y temporalidad.
Estos episodios se producen generalmente en entornos urbanos, proceden del transporte, de plantas químicas, de refinerías, de plantas de tratamiento de residuos,… y han incrementado considerablemente su concentración en las últimas décadas. Sus efectos sobre la salud humana se asocian a impactos psicológicos y fisiológicos: malos olores, irritaciones, alteraciones del estado anímico, estrés, y riesgo de padecer cáncer.
La investigación se hace combinando la participación social, el control químico y las series históricas de parámetros meteorológicos. Cuando en un determinado lugar se detectan episodios repetitivos de malos olores se instala en el domicilio de “voluntarios civiles” un equipo científico que debe activarse cuando se detecta el episodio. En paralelo se va llenando una tabla de presencia/ausencia y de valoración subjetiva del episodio. Finalmente se recoge también información meteorológica sobre el històrico de fenómenos meteorológicos (especialmente el viento) de la zona y se reconstruye el episodio.
La implantación de programas piloto para evaluar la eficacia del sistema debería ser una prioridad de la administración porque permite por un lado velar por la salud pública y por otro incrementar la competitividad de las empresas mediante la innovación aplicada a la mejora de procesos. Sin embargo, el grupo de investigación se ha encontrado en algunos casos con importantes obstáculos tanto a la hora de recibir subvenciones como a la hora de disponer de permiso o de colaboración de la administración local para hacer las medidas.
Un ejercicio de transparencia por parte de la administración -open government- tendría al menos dos consecuencias negativas a priori: por un lado, la detección sistemática de contaminantes nocivos para la salud más allá de lo que establece la legislación vigente obligaría a incrementar los controles y los niveles de detección, con los costes asociados que ello conllevaría y reconociendo la limitación de los sistemas actuales.
Por otro la posibilidad de detectar el origen del episodio de olores que proviene muchas veces de un vertido gaseoso no autorizado evidencia que hay empresas o entidades públicas de reciclaje y generación de energía que no hacen los deberes y que deberían revisar sus mecanismos de emisión o los productos utilizados. La administración local o autonómica tendría que denunciar esta situación, pero ante la posibilidad de un cierre de la planta y los consiguientes problemas relacionados con la ocupación puede decidir optar por el silencio.
Este es uno de los muchos ejemplos en que la universidad puede actuar en términos de desarrollo sostenible: la denuncia de malas prácticas mediante los avances tecnológicos y la cooperación de la ciudadanía. Tendría sentido crear una organización con esta finalidad a través de sus estructuras clásicas? Colaboraría la propia universidad o sería necesario vincular al personal investigador directamente? Algo parecido a las Science Shops? Me uno con este post a las dudas y disquisiciones ético- filosóficas sobre creación de empresa (abierta) de Julen Iturbe desde un ámbito también universitario pero con un modelo algo diferente.
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